Trabalenguas

«Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat»1

Suscita todavía mucha incertidumbre y permanece subyacente la manera en que se van a desarrollar los acontecimientos, pero Cataluña es un asunto prioritario en la agenda política del actual Gobierno de España desde que surgiera de una coalición que se hizo esperar hasta enero de 2020.

Poco después, y con la llegada de la pandemia del COVID 19, la mesa de negociación quedó aparcada, y el por aquel entonces Presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha resultado posteriormente un interlocutor válido, a pesar de reunirse con Pedro Sánchez en febrero de 2020, y de haberse reunido anteriormente, desde 2018.

Cabe recordar que Sánchez fue investido por mayoría simple, pero con diez votos en contra de Junts per Catalunya y dos de Candidatura de Unidad Popular, CUP, los dos partidos que han favorecido la investidura de Pere Aragonés, de Esquerra Republicana de Catalunya, que viene de conformar recientemente Govern a pesar de no haber sido su lista la más votada, ya que esta vez ha sido la del Partido Socialista, tras la gran derrota de Ciudadanos, vencedores en 2018.

Los trece diputados de Esquerra Republicana de Catalunya se abstuvieron en la investidura de Sánchez del 7 de enero de 2020, permitiéndola desde la neutralidad, y en teoría, es esta fuerza política la que más podría aportar actualmente a la mesa de diálogo, desde una posición independentista.

En la memoria colectiva queda el referéndum que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017, y el eco que tuvo en la prensa y sociedad internacional, la intervención policial así como los disturbios que se produjeron durante la votación y posteriormente. Ante los ojos de cualquier observador aquello no pudo ser un referéndum libre ni normalizado, en algunos colegios electorales se vivieron escenas de caos y pánico, las redes sociales se incendiaron, se habló de injerencias rusas. La jornada fue dantesca, es difícil considerar aquel acto como verdaderamente democrático, a pesar de su intención.

Las reacciones no se hicieron esperar, el Rey Felipe VI emitió un mensaje el día 3 de octubre mostrando su posición firme contra el órdago de los independentistas y las repercusiones no fueron solamente políticas o jurídicas. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del referéndum, en el plano económico numerosas empresas y entidades financieras comenzaron a abandonar Catalunya al desplazar sus sedes y en el plano social se produjo una bipolarización insana en la población y una reacción mediática por parte de Sociedad Civil Catalana que convocó una manifestación contra la independencia en la que participaron Josep Borrell y Mario Vargas Llosa, entre otros.

Entre las voces más centralistas había calado el “a por ellos”, que gritaban las fuerzas del orden y que subrayaba la alteridad de la identidad catalana, de manera muy contradictoria, si lo que se pretendía era conservar la unidad nacional.

No obstante, la declaración de la República de Catalunya se realizó unos días más tarde, al presentarse los resultados del referéndum y firmarse el texto el 10 de octubre, aunque algunos segundos después de la declaración en el Parlament, ésta fue suspendida en un gesto solemne del propio President, Carles Puigdemon, en el que solicitaba al Parlamento de Madrid abrir un diálogo en las semanas siguientes, pero la discordia estaba sembrada y la frustración de una parte de los políticos independentistas y de la población también.

El día 27 de octubre, sin una respuesta favorable al diálogo de la parte del Gobierno central de Madrid, la declaración se sometió a una votación en el Parlamento Regional de Catalunya de la que se ausentaron los 53 diputados de los partidos constitucionalistas; PP, Ciudadanos y PSOE. El resultado daba la victoria al SÍ con 70 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco. Este acto venía a culminar el proceso iniciado en el año 2012 con una declaración unilateral de independencia.

La escena era épica, el Parlament cantando Els Segadors, digno de ser inmortalizado en un cuadro si no fuera porque había muchos escaños vacíos, y en su lugar, senyeras junto a banderas de España. Aquella declaración de la República Catalana, desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la disolución del Parlament, la huida de algunos de los responsables políticos, entre ellos Carles Puigdemont, y la encarcelación de los que se quedaron en su tierra, a los que desde entonces se les ha denominado “presos del procés”.

A los presos se les condenó en 2019 con penas de inhabilitación y prisión, de entre nueve y trece años por delitos de sedición y malversación. En cuanto a los exiliados, con distinta suerte, se establecieron en Bélgica y Suiza principalmente, incluso Escocia, y desde entonces han estado viviendo en una situación a expensas del derecho internacional y del derecho nacional de los países de acogida o de tránsito. En España han sido acusados de rebelión, sedición, malversación o desobediencia dependiendo de su grado de responsabilidad. Tres de los siete exiliados disponían de una inmunidad diplomática del Parlamento Europeo como eurodiputados, entre ellos Carles Puigdemont, pero les ha sido retirada a él y sus compañeros Toni Comín y Clara Ponsatí en el mes de marzo, decisión que ha sido recurrida.

Durante todo este tiempo se ha abierto un debate sobre el carácter político de los presos, tanto PP como PSOE lo han negado, incluso Amnistía internacional, aunque más que negarlo, la ONG no se atreve a afirmarlo alegando falta de homogeneidad del concepto “preso político” dentro del derecho internacional. No así Unidas Podemos, presente en el gobierno de coalición, que sí los ha considerado en muchas ocasiones presos políticos.

El caso retoma actualidad y se está gestando desde que el pasado mes de septiembre el Ministro de Justicia Carlos Campo anunciara el inicio de la tramitación de una medida de gracia. El objetivo del indulto es abrir un diálogo de negociación. Pedro Sánchez ha justificado a finales del mes de mayo el indulto para evitar venganza y obtener la paz y el diálogo, se consideraría una medida de interés general y pide al PP su apoyo, así como el PSOE hizo al apoyar la aplicación del artículo 155.

Por consiguiente:

Los políticos catalanes que haciendo política, políticamente correcta, de forma políticamente incorrecta, acabaron como políticos presos, podrían ser indultados de sus penas gracias a políticos, entre los cuales, unos les consideran políticos presos, y otros presos políticos.

El conflicto tiene varios frentes abiertos y es complejo; a la derecha del espectro político, “las derechas” no se quieren pero se entienden, y se preparan para movilizarse contra el indulto al que consideran un insulto. Además, recriminan a Sánchez que a finales de 2019 consideraba justo el cumplimiento total de las penas y ahora “dice Diego donde anteriormente dijo digo”. Por eso opinan que cede a un chantaje para conservar la presidencia y paga de esta manera la abstención de ERC en su investidura. Estiman la medida del indulto aberrante ya que los presos no se van a arrepentir, algo que por otra parte no es obligatorio para que se les conceda la medida de gracia. En el centro izquierda del gobierno en coalición se entienden y quieren normalizar la situación, el indulto se decidirá en Consejo de Ministros, pero a veces rozan desde el punto de vista ideológico ya que Unidas Podemos es un partido republicano y el Partido Socialista Obrero y Español, no. A la izquierda, en este caso, encontramos a los partidos independentistas, que gobiernan pero no ganan claramente unas elecciones desde 2015, y en la última década los diferentes Governs han sido incapaces de llevar su mandato de 4 años hasta el final; la XIII legislatura que comienza es la 5ª en 11 años. Al igual que pasa en las derechas, los independentistas se entienden en cuanto independentistas, pero sus desencuentros han sido varios. Puede que se busque la paz pero la guerra se prepara.

En otra esfera de poder, es el rey quien finalmente concede el indulto, pero la Casa Real no atraviesa su mejor momento; al rechazo que sufre en Cataluña se une el descrédito acumulado desde que se destaparan los secretos a voces del antiguo Rey Juan Carlos I, el cual se encuentra viviendo con jeques árabes desde el año pasado. Sus irregularidades con el fisco han suscitado numerosas críticas, pero el PSOE respalda a su hijo y a las instituciones.

Por supuesto, el poder judicial es ineludible, el Tribunal Supremo emite un informe preceptivo. El indulto2 podría ser parcial, se habla de la remisión de las penas de prisión pero no de la inhabilitación, según el Ministerio de Justicia podrían tardarse meses hasta que se tomara la decisión.

¿Qué lugar le corresponde al pueblo catalán?, ¿cuáles son sus reivindicaciones?,

¿Reivindican los derechos históricos y la libertad de una identidad tantas veces acallada, o simplemente los derechos civiles?, y en el caso de que se decidiera realizar un referéndum de independencia como resultado de una mesa de diálogo, ¿quién debería votar, el pueblo de Cataluña o el de España?, ¿acaso debería establecerse un sistema de doble votación que asegure la correcta decisión ante una medida irreversible?, ¿cómo encontrar una fórmula justa?, ¿cómo hacerlo pacíficamente?, ¿se ha vuelto la política en Cataluña un trabalenguas impronunciable incluso para los catalanes?.

Diálogo, si us plau.

1 Santo y seña de las guerrillas catalanas para desenmascarar a los impostores durante la Guerra de Sucesión, en 1714, que originó la abolición de los fueros con el decreto de Nueva Planta de Felipe V. Estratagema también utilizada en la revuelta dels Segadors, en el siglo XVII. Derrotados en ambas guerras, los catalanes tomaron de ellas su himno y su Diada Nacional de Catalunya de l’Onze de Setembre.

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