Chile y su nueva Constitución

Chile es el país más próspero de América Latina; y también el que cuenta con uno de los mejores sistemas educativos en la región, enmarcado en el pluralismo político y la democracia moderna. Por tal motivo, los hechos suscitados a raíz de la reforma constitucional recientemente en debate, no deberían extrañar a nadie, ni tampoco atemorizar a los analistas políticos.

Nada disparatado como la treintena de lenguas oficiales, escritas y refrendadas luego en la Constitución boliviana de 2009. Una reciente encuesta realizada por el periódico La Tercera de Santiago de Chile, afirma que más de dos tercios de los convencionales elegidos establecerían simple y llanamente, el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y a la diversidad cultural del país. Nada nuevo bajo el sol, ciertamente, si tomamos en cuenta, que existe – además del Convenio 169 de la OIT – la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, del año 2007, todo lo cual configura un referente para su desarrollo normativo.

De igual manera es mayoritario según la encuesta de La Tercera: 1) el apoyo de agregar en la nueva Constitución, como un deber del Estado, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; 2) incorporar mecanismos de democracia directa que complementen la representación como por ejemplo la iniciativa popular de ley y plebiscitos; 3) el acceso, protección y distribución del recurso hídrico como un derecho fundamental, un bien nacional de uso público; 4) la autonomía del Banco Central; 5) garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo las plataformas de suministro como internet; 6) garantizar y administrar de forma exclusiva un seguro único que logre el acceso a la salud de la población y, además, garantizar un sistema nacional de salud, público, único que asegure universalidad y calidad en la prestación.

Chile sabrá encauzar de manera ordenada y sin desdibujados intereses o caprichos personales o grupales, su Constitución. El reconocimiento posible de un Estado Plurinacional de Chile, solamente hace hincapié, justamente, en el de los pueblos indígenas del país, sin más intereses ocultos. Aunque, claro está, yo me decanto, como jurista, por la solución anteriormente indicada, que es, de momento, la mayoritaria, dado que no existe en la doctrina científica del derecho a nivel continental y mundial una acabada formulación sobre el significado del Estado Plurinacional.

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