Instrumentalización política de los refugiados en Occidente

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Según la agencia EFE, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) criticó este jueves el acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda para deportar a solicitantes de asilo porque el país africano «continúa violando los derechos humanos».

La FIDH, con sede en París, presentó un informe sobre el acuerdo que anunciaron en abril Londres y Kigali, por el que las personas que lleguen a suelo británico de manera irregular serán enviados a Ruanda para que presenten su demanda de asilo, y si son aceptados, recibir el estatuto de refugiados.

En efecto, se informó a la opinión pública, que la ministra de Interior de Reino Unido Priti Patel y el ministro de Exteriores ruandés Vincent Biruta firmaron en Kigali el 14 de abril un memorándum dirigido a “crear un mecanismo para la reubicación de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes no están siendo consideradas por el Reino Unido, a Ruanda, que procesará sus solicitudes y acogerá o expulsará (según corresponda) a las personas después de que se analice su solicitud”. El Gobierno británico ha usado la palabra “reasentar” para lo que en la práctica, según las organizaciones de derechos humanos que se han opuesto al plan, son deportaciones a un tercer país. “A partir de hoy, nuestro nuevo acuerdo de migración y desarrollo económico significa que cualquier persona que entre ilegalmente al Reino Unido, así como aquellos que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, ahora pueden ser reubicados en Ruanda”, dijo el ya dimitido primer ministro Boris Johnson el mismo día de la firma del acuerdo. Johnson añadió que se trataba de una medida “innovadora” hecha posible por “las libertades del Brexit”. El acuerdo prevé que Ruanda reciba a cambio una primera entrega de 120 millones de libras (unos 144 millones de euros), una cantidad que se ampliaría a medida que aumente el número de personas deportadas al país.

Un grito desesperado al cielo fue lanzado por la Iglesia Anglicana que tildó – atinadamente – de inmoral y vergonzosa la decisión del gobierno británico. Idéntica posición de rechazo se expresó en palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ACNUR, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

No obstante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos canceló el escandaloso primer vuelo de solicitantes de refugio a Ruanda, las críticas al gobierno británico siguen sumando. Y no es para menos, dado el descabellado redoble de tambores por el que Johnson inclusive amenazó con la exclusión del Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos.

¿Tiene algún sentido deportar a los solicitantes de refugio a Ruanda desde Reino Unido, siendo que el primero no respeta abiertamente los derechos humanos?. ¿Johnson pretendió «esclavizar» de por vida a los solicitantes de refugio?. ¿Es justo y legítimo que Londres ofrezca una suma de dinero por no tener en su suelo un grupo de solicitantes de refugio que según las leyes internacionales tampoco puede deportar?.

Pero no es la primera vez que un problema de tal calado acontece. Como recuerda Ana Fuentes, en su columna de opinión publicada en El País de Madrid: hace seis años, ante el aluvión de refugiados por la guerra en Siria, la UE firmó un pacto con Turquía para gestionar la situación a cambio de 6.000 millones de euros. Hoy viven allí cuatro millones de refugiados, la mayoría sirios. Decenas de miles siguen varados en campos insalubres de las islas griegas. Para las ONG esta es la imagen del fracaso. Sin embargo, Bruselas lo mantiene. Este mes, el Parlamento Europeo elogió los esfuerzos de Ankara por seguir acogiendo a la mayor población de refugiados del mundo, al tiempo que señalaba que se aleja cada vez más de los valores de la UE.

La propia Ana Fuentes no vacila en predecir que Dinamarca va a hacer algo parecido: mandar a los solicitantes de asilo a centros fuera de la Unión Europea. Se habla de pagarle a Egipto, Eritrea, Etiopía o Ruanda, que no figuran entre los más garantistas con los derechos humanos. Hoy Copenhague quiere llegar a los “cero refugiados”. Copia el modelo de Australia, que lleva años enviando a los inmigrantes a islas del Pacífico. Lo que históricamente hacía con prisioneros, lo ha aplicado a los demandantes de asilo.

La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, son normas jurídicas creadas para resguardar y promocionar, justamente, los derechos subjetivos de los seres humanos, con independencia de su opinión política, nacionalidad, origen étnico, religión, etcétera. Irrespetar esta noción elemental de los derechos humanos, para instrumentalizar políticas internas que las socaven es un gravísimo error que Occidente no debe permitir bajo ninguna circunstancia.

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Mauricio Ochoa Urioste

Director de la Revista "El Mono Gramático". Bolivia, 1978. Escritor, Poeta, Columnista, Periodista y Abogado. Estudios de Doctorado en Derecho y DEA por la Universitat de València. Publicó poemarios, ensayos, columnas, artículos, y cuento. Idiomas: castellano, francés, portugués e inglés.
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